Y seguimos con los fallos judiciales y las fallas de los jueces.

El juez Adrián Del Federico condenó a Jorge Lanata a resarcir a la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Cerruti,  con un monto de dinero fijado en $15.000 y dar lectura de la sentencia en su programa de Radio Mitre, del Grupo Clarín. La legisladora había realizado una demanda civil por daños agravados en el marco de la violencia de género, pero el juez resolvió que las expresiones de Lanata se trataban de injurias que “excedieron los límites del derecho a la libertad de expresión y afectaron ilícitamente” a Cerruti, sin dar lugar al agravamiento por violencia de género ni al monto exigido ($40.000).

Si bien las figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática se encuentran incluidas en la actual Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la libertad de expresión suele ser presentada como el argumento principal para oponerse a la regulación de los medios. Se sostiene que cualquier tipo de regulación atentaría contra el derecho humano a expresar con libertad todo tipo de opinión por parte de las y los periodistas que integran el medio.

Pero este conflicto solamente se genera en los marcos de desigualdad, cuando la libertad de expresión es ejercida por una empresa de medios por sobre el derecho de un individuo. El poder que adquirieron los medios de comunicación en las últimas décadas generó por parte de muchos sectores de la sociedad el reclamo sobre la necesidad de que la comunicación sea considerada un derecho humano que no puede permitirse la discriminación invocando el derecho a la libertad de expresión.

Aun en la existencia de un  conflicto de derechos, violencia simbólica y mediática vs. Libertad de expresión, el juez no debiera privilegiar la segunda simplemente porque es una tendencia jurídica de considerarla como derecho fundamental. Y en caso de que lo hiciera, debería explicar por qué la hace prevalecer. Ahora bien, también se pierde una oportunidad de avanzar sobre el tema, por ejemplo establecer una sanción positiva como señalar la capacitación del periodista por parte de distintos organismos del Estado, o incluirlo en una campaña que instale el concepto de violencia mediática en la población.

No podemos negar que la experiencia de regulación de medios que se está dando en Argentina –desde la mirada de del derecho es positiva, de vanguardia y tiene potencial para desarrollar. Sin embargo el fallo del juez es otra evidencia de qué el Sistema Judicial transita en paralelo a los contextos sociales y su desarrollo cultural. Es más, acentúa ese paralelismo, marca la excepcionalidad de su institucionalidad, cuya estructura carece de resortes democráticos y de ese modo puede perpetuar élites autoritarias.

Sin tener en cuenta que el fallo favorece al condenado al acrecentar su audiencia. ¿O va a negar Ud. estar deseoso de escuchar a Lanata leyendo el fallo?.