Si alguien ajeno al mundillo del Derecho se pusiera a leer fallos al azar, seguramente se caería de la risa.

Sin embargo, este hipotético lector con los dedos de frente suficientes para estallar en risas, no tardará en comprender que los más graciosos han condenado a personas inocentes o han favorecido curiosamente a las partes más acaudaladas y por ello cesará en su risa y rechinará los dientes de indignación e impotencia.

Fallos como los de Hugo Cataldi, Bistué de Soler y Rosa Lescano, donde reiterada e impunemente ignoran el principio de “presunción de inocencia”, o para referirse al trato de los testimonios usan una frase muy popular entre jueces como Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso “…selección y valoración de la prueba ajustada a las reglas de la sana crítica racional.” (este ejemplo no es casual, hay una persona inocente condenada a 30 años de prisión por una simple cadena de encubrimientos corporativos entre la PFA y todas las instancias del sistema judicial)

Fallos repletos de incoherencias y contradicciones quizá sean la regla en el fuero penal, pero no lo son los de la Corte Suprema, aunque hoy tenemos uno de ellos.

Que el diario “La Nación” y algunos súbditos, a fuerza de medidas cautelares eternas, evite la contribución fiscal que le corresponde, no debería sorprender a nadie por múltiples razones, la principal es la correspondencia de sus actos con su expresión ideológica respecto de lo social: un paraíso de relaciones irrestrictas entre propietarios.

Que  la Corte Suprema de Justicia revoque el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había dejado sin efecto la medida cautelar, también puede tener muchas razones y podrían encontrarse ahí nomás, en los pasillos, o un poco más allá, en otros pasillos.

Lo que sorprende es que en el fallo se aluda a que  “a la fecha no se ha encontrado una solución que atienda en forma global la crisis del sector” o  “Se encuentra amenazada la libertad de expresión” o que los montos de la deuda  “ponen en serio riesgo de desaparición a las empresas del sector”.

Sorprende porque habla de “la crisis del sector” pero no la explica y mucho menos tienen en cuenta que AFIP aportó soluciones con las que otros medios pudieron regularizar su deuda tributaria: la exención de ciertas sanciones y multas, planes de pago y acuerdos de canje de deudas por publicidad.

Sorprende porque dice el fallo: “La política fiscal no puede ser utilizada como un instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión.” Sin considerar o mencionar que el acuerdo de competitividad requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios, cosa que La Nación no cumplió, ni que en marzo de 2003 un decreto de Eduardo Duhalde derogó las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto para los medios, a los que les dio cuatro meses más, hasta que el Poder Ejecutivo pudiera “encontrar una solución alternativa”. Pero lo más grave de todo es que se atreve a formular que la política fiscal es una herramienta de censura indirecta, y es grave por dos motivos, el primero porque relaciona la “libertad de expresión” exclusivamente con las empresas de medios de comunicación, lo cual no solamente es una falacia conceptual sino también una postura de censura a la expresión de aquellos que no se constituyen como empresas para tal fin, y el segundo motivo es que desconoce la realidad de aquellos medios que regularizaron su deuda y continúan ejerciendo su derecho de libre expresión.

Lo que no sorprende es que desde el Poder Judicial se privilegie los negocios privados, se promuevan golpes de efecto político, se soben vanidades propias y ajenas, se manifiesten soberbiamente contra la administración pública cuando ésta se orienta a políticas sociales, se saque provecho de las mieles promocionales solventadas por el poder económico concentrado, etc., etc… Pero no nos engañemos, no son cuestiones meramente inmorales a las que nos acostumbramos para no sorprendernos, no, son cuestiones estrechamente ligadas al autoritarismo, a la falta de democratización del Sistema Judicial todo, al imaginario cultural (instalado a sangre y fuego) acerca de la infalibilidad de los jueces, al proceder corporativo dentro de una estructura cuasi-mafiosa… para ser breves al monopolio de la verdad ejercido por una casta académica privilegiada, monopolio que censura “indirectamente” a todo aquel que no se ajusta a sus caprichos.

La Corte Suprema, de un modo u otro, lo ha censurado a Ud. Una vez más.